Nota por FORO
Buenos Aires discute cuántos pisos se pueden construir; casi no discute cuánta electricidad le llega a cada manzana. La licitación de AMBA I —USD 800 millones, 270 km de líneas y 2.000 MW más— busca ampliar una red donde la demanda residencial creció 20% en una década y las líneas de alta tensión, 8%. Cuando la red crece más lento que la ciudad, empieza a funcionar como otra norma urbana.
El 15 de enero de 2026, a las 14.45, con alerta por calor y hasta 35 grados en el Área Metropolitana, cuatro líneas de 220 kV que llegan a la subestación Morón, de Edenor, salieron de servicio al mismo tiempo. El sistema perdió cerca de 3.000 megavatios de golpe y unos 800.000 usuarios se quedaron sin luz, según informó Infobae. En una hora, Edenor había normalizado el 90% del servicio. El 19 de septiembre de 2026, poco después de las 21, otro corte dejó a oscuras, según el mismo medio, a casi 600.000 usuarios de Edenor y Edesur, en barrios como Palermo, Belgrano, Caballito o Flores. La mayoría recuperó la luz en unas dos horas.
Un apagón no es lo mismo que una red al límite: puede ser una falla puntual. Pero esos cortes caen sobre una red que el propio Gobierno describe como saturada. En agosto, la Secretaría de Energía llamó a licitación una obra llamada AMBA I: unos 270 kilómetros de líneas nuevas de 500, 220 y 132 kV, una estación transformadora en Plomer, en el oeste del Gran Buenos Aires, y equipos para estabilizar la tensión. Sumaría capacidad para atender cerca de 2.000 MW adicionales de demanda. La justificación oficial es una cuenta simple: en diez años la demanda residencial creció 20% y las líneas de alta tensión, 8%. El AMBA concentra alrededor del 40% de la demanda eléctrica del país y, según el Gobierno, la saturación de la red ya genera restricciones y aumenta el riesgo de colapsos.
Los plazos importan tanto como los números. El sobre técnico se abre en diciembre, la adjudicación sería a comienzos de 2027 y la obra puede llevar hasta 52 meses, en dos etapas. Si todo se cumple, esos megavatios llegan hacia 2031. AMBA I, además, es la primera de 16 iniciativas del plan nacional de ampliación del transporte eléctrico, que suma más de USD 6.600 millones y 5.610 kilómetros de líneas de 500 kV. Es un primer capítulo, no el libro entero.
Una ciudad se ordena con otro tipo de reglas. Un código urbanístico define cuánto se puede construir en un terreno: altura, ocupación, usos. Se discute en una Legislatura, con planos y mapas. Pero ningún código dice cuánta electricidad le va a llegar a la manzana donde se construye, ni cuándo. Eso depende de líneas y subestaciones que se deciden en otro lugar, con otras reglas y con otros tiempos. Un edificio suele proyectarse y levantarse en un par de años. Una línea de alta tensión, como muestra AMBA I, tarda más de cuatro.
En Países Bajos, ese límite ya se volvió visible. Netbeheer Nederland, la asociación de operadores de red, informó en septiembre que hay pedidos de conexión para unas 600.000 viviendas proyectadas en los próximos tres años y que casi la mitad no tiene hoy capacidad disponible. Conviene leerlo con matices: buena parte del salto en las solicitudes vino de desarrolladores que se adelantaron a una regla nueva para no quedar en lista de espera, y no poder conectar hoy no significa no poder nunca. Aun así, el efecto práctico es concreto: hay viviendas proyectadas que todavía no saben cuándo van a tener luz. En Irlanda, el operador EirGrid advirtió en 2022 que no esperaba nuevas conexiones de centros de datos en la zona de Dublín antes de 2028.
Son casos distintos, con un mecanismo parecido. Cuando la red crece más lento que lo que se construye y se enchufa, empieza a funcionar como otra norma urbana. No figura en ningún mapa de zonificación ni pasó por una audiencia pública, pero puede ordenar qué proyecto se energiza primero y cuál espera. Es una zonificación por megavatios. Esa es una lectura de LOTE, no un dato: lo que muestran los hechos es que la capacidad de la red ya condiciona, en algunos lugares, el ritmo de la ciudad. Para quien proyecta, cambia el orden de las preguntas: antes de cuántos pisos, cuánta potencia y para cuándo.
En el AMBA hay una diferencia más. La ciudad la regulan decenas de municipios, cada uno con su propio código, pero la red es una sola. Y AMBA I está pensada para hacerse con capital privado: el concesionario construye, opera y mantiene, con una garantía del BID en estructuración y la posibilidad de acogerse al RIGI. Es una forma de financiar la obra sin un desembolso fiscal inicial, aunque la ecuación de repago y las garantías todavía deberán leerse en los pliegos. También significa que parte de la respuesta a cuánta ciudad puede crecer se va a definir en un contrato de concesión, cuya letra —cómo se repaga la inversión y qué garantías se otorgan— define quién paga qué.
El código urbanístico se discute en una Legislatura. La red, en una licitación. ¿Dónde se discute cuánta ciudad puede encender el AMBA?
FORO — Vertical Política | LOTE
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