Nota por FORO
Dos consorcios siguen en carrera por AySA, y gana el que ofrezca más dólares: la tarifa y las obras ya vienen escritas en el contrato. El plan de cinco años deja las cloacas en 63,9% del área, casi donde están hoy.
El 15 de septiembre, el Ministerio de Economía abrió los sobres técnicos de la privatización de AySA, la empresa que lleva agua y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a buena parte del conurbano. Hubo diecisiete interesados. Dos consorcios presentaron oferta —Rowing-Arcos-Transclor-PHX y el grupo Roggio— y los dos superaron el filtro técnico. Lo que sigue es el sobre económico, y ahí el criterio es uno solo: gana el que ofrezca más dólares. El Gobierno espera recaudar cerca de USD 500 millones.
El Estado vende el 90% de la empresa: el 51% a un operador elegido en esta licitación y el 39% más adelante, en bolsa. El 10% restante queda para los empleados. La concesión es por treinta años.
Pero en esta licitación casi todo lo importante no se licita. La tarifa se mantiene constante en términos reales entre 2027 y 2031. Y hay un plan de obras obligatorio: más de USD 2.000 millones en esos cinco años. Los oferentes no compiten por construir más ni por cobrar menos. Compiten por pagar más por el derecho a ejecutar un plan que ya está escrito. Y lo que un operador paga hoy tiene que recuperarlo dentro de la concesión.
Ese plan mueve poco el mapa. Según los números que publicó La Nación, hoy el 74,5% del área tiene agua y el 63% tiene cloacas. Las metas del contrato para 2031 son 75,3% y 63,9%. Menos de un punto porcentual en cinco años, con más de USD 2.000 millones de inversión de por medio. Al cierre de los treinta años, el piso exigido es 90% en agua y 75% en cloacas: uno de cada cuatro habitantes del área podría seguir sin cloacas.
Los documentos públicos no separan cuánto de esa plata es red nueva y cuánto es sostener lo que ya existe mientras la población crece. El comunicado oficial menciona que el 42% del agua no está contabilizada. Es razonable pensar que una parte del esfuerzo sirve para evitar que la cobertura retroceda. Pero eso es una lectura, no un dato del pliego.
Por eso esta licitación se entiende mejor como una decisión sobre la ciudad que sobre una empresa. Qué barrio recibe la red antes que otro define dónde se puede construir, financiar y vivir con servicios. Las metas oficiales son para toda el área. El orden barrio por barrio no aparece en los comunicados.
La ciudad ya hizo una apuesta parecida. En 1993, Aguas Argentinas recibió una concesión de treinta años con metas de expansión. Llevó el agua a unos dos millones de personas y las cloacas a un millón. En 2006 el Estado la rescindió por incumplimientos de expansión y calidad. La empresa respondió que las tarifas quedaron congeladas después de la crisis de 2001, y en 2015 el CIADI ordenó indemnizarla. La promesa de hoy es distinta —la tarifa se ajusta para no perder contra la inflación—, pero comparte el punto débil: un plan de obras obligatorio solo se sostiene si la tarifa lo acompaña durante décadas.
Chile eligió un diseño parecido: concesiones de treinta años, obligación de servir a toda el área concedida y un regulador que revisa las tarifas cada cinco años sobre los costos de una empresa modelo. En 2015 su cobertura urbana de agua potable era de 99,6% y la de alcantarillado, de casi 100%. Las mediciones no son idénticas, pero la comparación marca dónde está la diferencia: en cuánto obliga el contrato y en quién verifica que se cumpla.
En AySA, lo que se subasta no es lo que más pesa. Lo que más pesa —cuánto se completa la ciudad y en qué orden— ya está escrito, y en cinco años se parece mucho a lo que hay hoy. La pregunta útil no es quién gana. Es qué barrio recibe la red primero, y quién puede comprobar que llegue.
FORO — Vertical Política | LOTE
Analysis