Nota por FORO
Durante dos años, la discusión sobre los data centers en América Latina fue una competencia por atraerlos. Argentina reescribió los límites a la propiedad extranjera de la tierra para poder alojarlos. Otros países ofrecieron estabilidad fiscal por treinta años, o exenciones sin condiciones. El 1 de septiembre, Brasil hizo algo distinto: aprobó un incentivo que viene con una factura adjunta. Cinco años sin impuestos para quien instale o amplíe un centro de datos, sí, pero a cambio de que una parte de lo que ese centro produzca se quede adentro del país.
El régimen se llama REDATA y lo aprobó el Senado esa tarde, según la cobertura de la Agência Senado, tras su paso por Diputados. Falta la sanción presidencial, que se da por descontada. Suspende por cinco años el impuesto de importación, el PIS/Cofins y el impuesto a los productos industrializados sobre los equipos y la infraestructura que un data center necesita, los compre en Brasil o afuera; pasado ese plazo, la exención se vuelve permanente. El costo fiscal estimado es de unos 5.200 millones de reales solo en 2026.
Hasta acá, es la clase de beneficio que cualquier país de la región podría copiar, y varios ya ofrecen algo parecido. La diferencia está en lo que Brasil pide a cambio, y que quedó escrito en el mismo texto.
Son tres condiciones. La primera: la empresa tiene que destinar al mercado interno brasileño al menos el 10% de la capacidad de procesamiento, almacenamiento y tratamiento de datos que instale con el beneficio —8% si el data center se levanta en el Norte, el Nordeste o el Centro-Oeste—. Esa fracción no se puede exportar ni guardar sin uso: el texto aclara que no vale alegar que la demanda local todavía no alcanza. La segunda: toda la energía que consuma el centro debe venir de fuentes renovables o de baja emisión, por contrato de suministro o autogeneración. La tercera: el 2% del valor de lo que compre con la exención tiene que invertirlo en investigación y desarrollo dentro del país.
Puestas juntas, esas cláusulas cambian la naturaleza de lo que se negocia. Un data center deja de ser un edificio que un territorio compite por hospedar y pasa a ser una operación que le debe algo medible al lugar donde se instala: capacidad de cómputo, demanda firme para la industria de energía limpia, plata para desarrollo local.
Esa forma de condicionar la entrada de una inversión tiene un nombre viejo en la política industrial: contenido local. Es la regla con la que los países que exportan recursos naturales llevan décadas intentando que el valor no se vaya entero con la materia prima.
Indonesia hizo la versión más agresiva. En 2014, y de nuevo con más firmeza en 2020, prohibió exportar níquel sin procesar: quien quisiera el mineral tenía que fundirlo y refinarlo dentro del país. En dos años, el valor de las exportaciones de níquel indonesio pasó de unos 3.000 millones de dólares a unos 30.000 millones. El Estado forzó a que la etapa que agrega valor ocurriera en su territorio, no afuera.
El petróleo tiene su propia tradición de contenido local, y también su advertencia. Noruega construyó, sobre exigencias de compra a proveedores nacionales, toda una industria de servicios petroleros y un fondo soberano; es el caso que todos citan. Brasil intentó lo mismo con el presal a partir de 2010, con porcentajes de contenido local tan altos que varios proyectos se frenaron, y después de 2016 tuvo que aflojarlos. La misma herramienta, según cómo se calibre, construye una industria o ahuyenta la inversión que debía nutrirla.
Brasil negocia desde una posición que Argentina y México no tienen. Su matriz eléctrica ya es mayoritariamente renovable —hidro, viento, sol—, así que la condición de energía cien por ciento limpia no es un costo extra difícil de cumplir: es casi el estado de las cosas. Y su mercado interno es lo bastante grande como para que el 10% reservado signifique algo: hay demanda brasileña real que puede usar esa capacidad.
El contraste con las otras dos jugadas de la región es nítido. Argentina reescribió su ley de tierras para atraer estos proyectos justamente porque negocia desde la escasez: de crédito, de energía firme, de mercado. México, por boca de su presidenta, dijo en agosto que no quería ser "el data center del mundo", pero lo dijo sin instrumento: un criterio enunciado, no una norma. Brasil es, por ahora, el único que convirtió la posición en cláusula exigible.
Queda la pregunta de fondo, la misma que atraviesa varias decisiones recientes de la región: ¿el 10% es una palanca o es un peaje? Una cuota lo bastante baja como para que un hyperscaler la pague sin discutir no es soberanía: es una línea más en la planilla de costos. Y el antecedente del presal enseña que las reglas de contenido local se diluyen apenas la inversión afloja y aparece el argumento de que el país se está quedando afuera del mapa.
El REDATA se aprobó el 1 de septiembre. Su verdadera prueba llega después: la primera vez que una empresa grande amenace con instalarse en otro lado si el 10% no baja, y haya que decidir si la contrapartida se sostiene o se negocia. Ahí se va a ver si Brasil escribió un instrumento, o apenas un deseo mejor redactado que el de sus vecinos.
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