Nota por FORO

El 3 de septiembre, en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, el gobierno colombiano derogó las diez resoluciones que delimitaban los distritos mineros especiales creados en 2024. No tocó ni un impuesto ni una regalía: movió líneas en un mapa administrativo que cubría 119 municipios, y con eso salió a prometer hasta US$4.700 millones de inversión.

Los distritos mineros especiales eran, en el papel, una herramienta de planificación: zonas donde el Estado coordinaba manejo socioambiental, protección de fuentes de agua y áreas protegidas, formalización de mineros artesanales y desarrollo productivo alternativo a la minería. Se crearon por decreto en 2024. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, los describió el 3 de septiembre como resoluciones "mal diseñadas" y anunció su derogación con un argumento puntual: "no vulnera derechos porque no se ejecutó nada". Es decir, el mapa llevaba dos años existiendo sin que nadie lo aplicara en el terreno.

Ese detalle importa más de lo que parece. El gobierno no está desarmando una política minera activa: está borrando un dibujo que nunca llegó a operar. Y aun así, ese solo gesto administrativo es lo que la industria necesitaba para volver a hablar de inversión.

Los números explican la urgencia. Entre 2022 y 2025 la inversión extranjera directa en minería colombiana cayó de US$1.508 millones a US$178 millones, las regalías bajaron 34% y las exportaciones del sector perdieron cerca de US$4.000 millones. Hoy Colombia capta apenas 1,5% de la inversión minera que se reparte la región, frente a 53% de Argentina, 50% de Chile y 30% de Perú. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería calculó que una reactivación ordenada podría movilizar hasta US$4.700 millones en tres años, contra los US$80 millones anuales que hoy entran al sector.

Lo que revela este caso es una reclasificación más amplia de cómo los países compiten por capital extractivo. Durante años, la herramienta favorita fue el incentivo fiscal: bajar una alícuota, estabilizar un régimen tributario por treinta años, como hace el Súper RIGI argentino. Colombia acaba de mostrar una vía distinta y más barata: no cambiar ni un peso de lo que un proyecto paga, sino cambiar el mapa que decide dónde y bajo qué condiciones puede siquiera empezar a tramitarse. El capital minero no solo lee la carga tributaria; lee cuántos pasos administrativos separan un yacimiento de una pala mecánica.

Colombia no está sola en esto. Perú avanza en paralelo con la simplificación de trámites para destrabar una cartera de 21 proyectos mineros por US$63.000 millones hacia 2032. Chile acaba de estrenar su propia Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que fija plazos máximos para responder permisos y habilita el silencio administrativo positivo —si el Estado no contesta a tiempo, el permiso se entiende aprobado— con el objetivo declarado de recortar entre 30% y 70% los tiempos de trámite. Tres países, tres mecanismos distintos, la misma apuesta: la ventaja competitiva ya no se compra solo con una tasa más baja, se compra con una burocracia más corta.

La otra cara de esa velocidad es su fragilidad. Un impuesto derogado por ley requiere pasar de nuevo por el Congreso para revertirse. Un mapa administrativo derogado por resolución ministerial puede volver a dibujarse con la misma facilidad —y la misma falta de debate— con la que se borró. Colombia ganó rapidez cambiando de gobierno la regla del anterior; el próximo gobierno puede hacer exactamente lo mismo.

FORO — Vertical Política | LOTE

Analysis