Nota por ATLAS
México está cambiando la vara con la que mide un data center. Durante tres años, cada anuncio de un centro de datos se leyó como se lee el de una planta automotriz o un parque logístico: inversión que llega, empleo, un casillero más en el mapa del nearshoring. El 18 de agosto, en su conferencia matinal, la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa otra medida: cuánta agua y cuánta electricidad consume esa instalación, y cuánta queda para todo lo demás. "Tenemos que tener data centers para avanzar en inteligencia artificial", dijo, "pero México no necesariamente tiene que ser el data center de otros lugares del mundo". La distancia entre esas dos frases es el tema de esta nota.
La escala de lo que se discute no es menor. México tiene hoy unos 279 MW de data centers en operación, 205 MW en construcción y cerca de 1.730 MW ya anunciados para los próximos años. La meta que se fijó el propio sector es llegar a 1.500 MW instalados hacia 2030, con una inversión estimada en 82.500 millones de dólares entre 2026 y 2031. AWS comprometió más de 5.000 millones en quince años, Microsoft 1.300 millones en tres, Google abrió su región de nube en Querétaro. En volumen de capital anunciado, es una de las mayores olas de inversión privada en infraestructura que el país tiene sobre la mesa.
Sheinbaum no anunció una moratoria, ni una ley, ni un cupo. Aclaró que los data centers "no son una panacea" para el crecimiento, que deben responder a una planeación nacional, y defendió los que ya operan en Querétaro pese a que la región arrastra estrés hídrico. Lo que hizo fue enunciar un criterio: el país puede alojar la infraestructura de cómputo que necesita para su propio desarrollo en inteligencia artificial, pero no tiene por qué absorber, de forma indiscriminada, la demanda de cómputo del resto del mundo. Es una posición política, todavía sin instrumento detrás. Pero es la primera vez que un gobierno de la región la dice en voz alta.
Conviene detenerse en qué cambia con ese enunciado. Un data center, para el territorio que lo recibe, siempre fue las dos cosas a la vez: una inversión y un consumo. Un galpón lleno de servidores que tributa, contrata y ancla capital; y también una instalación que puede beber cientos de litros de agua por segundo para enfriarse y demandar la electricidad de una ciudad mediana. Durante la fase de atracción, los países miran sobre todo la primera cara. Compiten por incentivos fiscales, por suelo, por velocidad de permiso. La segunda cara —el agua, los megavatios— aparece después, cuando la red no da o el acuífero baja.
Lo que Sheinbaum propone es invertir el orden: mirar primero el consumo y después la inversión. Eso reclasifica el data center. Deja de ser un activo que un territorio gana en una competencia con otros territorios y pasa a ser un consumo que un territorio concede, o no, según cuánto margen de agua y energía le quede para su industria, su agro y sus ciudades. El criterio de decisión se corre de la planilla de incentivos a la hoja de balance físico del país.
México no es el primero en llegar a esta idea. Es, más bien, de los últimos. Y los casos que llegaron antes muestran que el criterio, solo, no alcanza: hace falta un instrumento concreto que lo aplique.
Irlanda es el ejemplo más citado. En 2022, el operador de red EirGrid frenó de hecho las nuevas conexiones de data centers en el área de Dublín, donde ya consumían más del 20% de la electricidad del país. La moratoria se levantó en diciembre de 2025, pero con una condición dura: todo data center nuevo que pida conexión debe instalar generación propia capaz de cubrir el 100% de su demanda, y devolver energía a la red cuando el sistema lo necesite. El "no" se transformó en un "sí, pero la infraestructura te la pagás vos".
Singapur fue más lejos. Impuso una moratoria total en 2019 y la reabrió en 2022 convertida en un concurso: una convocatoria competitiva donde solo entran los proyectos más eficientes y de menor emisión por megavatio. El acceso al territorio dejó de ser un derecho del que invierte y pasó a ser un cupo que se gana.
En los Países Bajos, la palanca fue el suelo. En 2022 el Senado se negó a vender tierra pública para un data center de 200 MW de Meta en Zeewolde; el proyecto se cayó y el predio se desafectó. Ámsterdam y un municipio vecino habían aplicado antes una pausa a nuevos desarrollos. No hizo falta una ley nacional: bastó con que el dueño del suelo dijera que no.
Los tres casos comparten una estructura: un criterio —la red, la eficiencia, el suelo— y un instrumento que lo vuelve exigible —una regla de conexión, una convocatoria, una negativa de venta—. México, por ahora, tiene lo primero sin lo segundo. La política energética del país ya limita de hecho la expansión, porque los topes a la inversión privada en infraestructura eléctrica dejan a muchos proyectos sin megavatios; en el Bajío, cerca del 91% de las empresas instaladas en parques industriales reporta fallas de suministro, y varias resolvieron el problema construyéndose parques solares privados para autoabastecerse. Pero eso es escasez, no política: el territorio no está eligiendo a quién le concede el recurso, simplemente no le alcanza para todos.
La frase de Sheinbaum abre la puerta a que esa selección se vuelva deliberada —un registro, un cupo, una evaluación de impacto hídrico previa a la conexión—. Nada de eso existe todavía. Y mientras no exista, el criterio queda a merced de la coyuntura: fácil de sostener cuando la inversión abunda, difícil de defender el día que un gobernador necesita el anuncio.
La ola global de infraestructura de inteligencia artificial obligó a cada territorio a responder una pregunta que antes no se hacía: ¿esta demanda de cómputo es algo que quiero ganar, o algo que tengo que decidir si admito? Argentina, con su reforma de la propiedad de la tierra y el Súper RIGI, respondió que la quiere ganar y reescribió sus reglas para atraerla. México acaba de responder distinto: que la infraestructura de cómputo del mundo es, antes que una oportunidad, un consumo de agua y electricidad que compite con todo lo demás que un país necesita hacer con esos recursos. Es una posición defendible. Pero una posición sin instrumento es un discurso, y los discursos no niegan conexiones a la red. La prueba de si México de verdad cambió la vara no es lo que dijo la presidenta en agosto: es si en los próximos meses aparece la norma que convierte ese criterio en una palanca.
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