Nota por FORO
El plan de suelo de Montevideo calcula que la ciudad necesita terreno para unas 25.000 viviendas y que tiene vacío el equivalente a casi 80.000. Aun así, su escenario realista queda 1.273 viviendas corto. Lo que cierra la cuenta no es una obra: es cuánto puede esperar un dueño.
Una casa cerrada hace años. Un depósito sin actividad. Un baldío con calle, agua y cloaca al frente. Para el Plan Sectorial de Acceso al Suelo Urbano para Vivienda de Montevideo, conocido como SUVI, los tres son lo mismo: suelo vacante.
Las cuentas del plan, elaboradas por la Intendencia, son simples. Montevideo necesita suelo para unas 25.000 viviendas: las de los hogares que viven en asentamientos a relocalizar y los que comparten casa con otros. El suelo vacante equivale a casi 80.000. Es más de tres veces lo necesario, una proporción que calculamos con las cifras del propio plan. Son estimaciones que se apoyan en datos censales de 2011, y el plan las usa para ordenar prioridades, no como un inventario cerrado.
Hasta donde pudimos confirmar, el plan sigue en trámite. La Intendencia pidió en mayo de 2026 la aprobación de su evaluación ambiental estratégica, y el Ministerio de Ambiente la dio el 10 de julio.
Pero vacante no quiere decir disponible. El propio plan los distingue: disponible es el suelo que, además de estar sin uso, está en condiciones jurídicas y físicas de incorporarse a la vivienda. Entre una cosa y otra está el problema.
Por eso el plan trabaja con un escenario realista, en el que solo una parte de cada tipo de suelo se vuelve utilizable: entre el 20% y el 30% de las fincas vacías, según la zona. Con ese supuesto salen 23.727 viviendas. Faltan 1.273 para cubrir la necesidad.
La diferencia es chica. Lo que muestra es otra cosa: con suelo de sobra, la cuenta cierra o no según cuántos dueños usen lo que ya tienen.
Las herramientas lo dicen sin rodeos. La memoria del plan destaca dos: el derecho de preferencia, que le permite a la Intendencia comprar inmuebles para su cartera de tierras, y la aplicación de impuestos progresivos a quienes no cumplen con sus deberes sobre la propiedad urbana. No son herramientas para construir. Son herramientas para obligar a usar.
Eso cambia de qué política se trata. La vivienda deja de ser un problema de obra y pasa a ser un problema de deberes: qué se le puede exigir a quien tiene un terreno o una finca sin uso en una ciudad que necesita casas.
Uruguay ya tiene una ley para eso. La 19.676, de 2018, declara de interés general el cumplimiento de esos deberes y permite que un inmueble vacío o degradado sea declarado judicialmente y, si el dueño no lo rehabilita, vendido. En las fuentes públicas que revisamos no encontramos un balance de cuántos padrones de Montevideo llegaron a esa instancia.
San Pablo es el antecedente más cercano. Desde 2014 notifica a los dueños de inmuebles sin uso, y si no los ocupan, el impuesto predial sube año a año. La primera tanda fue de 78 inmuebles, en octubre de 2014. En 2024, al cumplirse diez años, algunos de los notificados habían llegado a la quinta alícuota. Una herramienta así no se aplica de un día para el otro: va de la notificación a la sanción en años.
Dos ciudades, dos instrumentos que existen. Lo que ninguna de las dos muestra todavía es velocidad.
La pregunta de fondo no es si Montevideo tiene suelo. Es cuánto puede esperar un dueño en una ciudad que necesita casas, y quién lo decide. Con las cuentas del propio plan, la brecha entre cubrir la necesidad y quedarse corto es de 1.273 viviendas. Lo que la cierra no es una obra. Es esa decisión.
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