Nota por VECTOR
Desde agosto, Perú exige BIM en 14 tipologías de obra pública del Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Pero dos de cada tres de las 2.262 obras paradas son municipales: la norma apunta al proyecto, y el problema está también en quién lo ejecuta y lo paga.
Hay en Perú 2.262 obras públicas paradas, con S/ 62.828 millones comprometidos y S/ 27.548 millones sin ejecutar, según la Contraloría a junio. Más de 280 de ellas llegaron al 90% de avance o más y ahí se detuvieron. Cusco encabeza la lista con 370.
Desde mediados de agosto, una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, publicada un año antes, obliga a formular, evaluar y ejecutar con BIM proyectos de 14 tipologías: hospitales, universidades, carreteras, obras de riego, entre otras. BIM, por sus siglas en inglés, es un modelo digital compartido del proyecto donde arquitectura, estructura e instalaciones se superponen antes de excavar. Los choques aparecen en pantalla y no en obra. El gobierno proyecta acelerar con esa metodología más de 2.000 proyectos, entre ellos 634 de riego, 618 hospitalarios, 458 universitarios y 367 carreteras departamentales. El consejo BIM de Capeco, la cámara de la construcción, sostiene que documentos técnicos mejor resueltos desde el principio evitarían paralizaciones, y los especialistas citados por Gestión proyectan reducciones de 10% a 15% en plazos y de 15% a 20% en costos. Son proyecciones, no mediciones.
La norma, sin embargo, mira a un lado del problema. El listado que aprobó el MEF es de proyectos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales. Los municipios, que concentran 1.543 de las 2.262 obras paradas, el 68,2%, no figuran en él. Y las dos causas principales de parálisis que cuenta la Contraloría son la falta de recursos, en el 27,6% de los casos, y el incumplimiento del contrato, en el 26,2%. En el informe anterior, con datos a diciembre de 2024, las deficiencias del expediente técnico explicaban el 10,9%. BIM apunta a esa causa, y quizás a parte de las otras si el contrato se incumple porque el proyecto estaba mal resuelto. Pero eso no está medido.
Otros países que lo exigieron hace años dan una referencia. Reino Unido lo hizo obligatorio en proyectos públicos desde abril de 2016. Una estimación de PwC calculó ahorros de entre 0,7% y 1,4% del gasto de capital en infraestructura pública; un estudio de 2021 sobre 11 casos reales encontró ahorros de entre 1,6% y 18%, según la etapa del proyecto. Chile firmó en 2016 un convenio para exigirlo en proyectos públicos al 2020 y extendió la exigencia a todas las instituciones públicas en 2025; la Encuesta Nacional BIM 2025 midió 46% de usuarios regulares, desde 41% en 2022. Quienes no lo usan, aun sabiendo hacerlo, dicen que su entorno no se lo pide. Brasil exige BIM por fases en obras federales desde 2021, aunque la ley general de licitaciones lo plantea como adopción "preferente".
No son resultados idénticos ni comparables entre sí. Pero muestran dos cosas. Los ahorros existen, son modestos en promedio y dependen de que alguien use el modelo después de entregado. Y una exigencia sobre quienes presentan proyectos tarda años en convertirse en práctica.
Por eso BIM obligatorio no es, en el fondo, una norma de software. Es una norma sobre quién tiene que haber resuelto el proyecto antes de que empiece la obra. Para las constructoras, la adaptación demora entre dos y tres años y puede convertirse en barrera de entrada para quienes no la hagan, según los especialistas del sector. Y para el Estado el desafío es del otro lado: recibir un modelo y saber revisarlo, contratar con él y exigir cambios. Cuando falta esa capacidad, un archivo más preciso puede terminar guardado, como un plano en un cajón.
La prueba va a ser si dentro de dos años hay menos obras paradas por errores que el modelo debió mostrar antes. Y en cuál nivel del Estado.
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