Nota por ATLAS

El 22 de septiembre, Praxis, una comunidad tecnológica con base en Estados Unidos, anunció que eligió +Colonia, un desarrollo frente a Buenos Aires, para su "ciudad del futuro". El acuerdo es en gran medida no vinculante y las cifras son proyecciones. Pero su fundador dijo algo que merece atención: operarán dentro de la ley uruguaya. Leído junto al caso de Próspera, en Honduras, el anuncio abre una pregunta: ¿puede la estabilidad institucional convertirse en parte del valor del suelo?

Sobre la costa este de Colonia del Sacramento, a unos 800 metros del puerto donde llegan los ferris desde Buenos Aires, ya se ven las primeras torres de doce pisos de +Colonia. Es un desarrollo de 515 hectáreas que impulsa desde 2022 la familia Bastitta, de origen argentino, con la promesa de convertirse en una ciudad nueva sobre el Río de la Plata. El 22 de septiembre sumó un anuncio que lo sacó de las páginas inmobiliarias: Praxis, que reúne a emprendedores e inversores tecnológicos, dijo que eligió ese lugar para instalarse.

Conviene leer el anuncio por lo que es: el comienzo de algo, no una ciudad decidida. Según The New York Times, el acuerdo firmado con la empresa de Bastitta es en gran medida no vinculante. Los números son proyecciones: una inversión de US$1.000 millones en tres años, unas 2.700 personas interesadas en mudarse, los primeros residentes hacia mediados de 2027 y compras de tierra dentro de +Colonia a partir de fines de ese año.

Aun así, hay un dato que ya dice mucho, y no es una cifra. Praxis pasó años buscando dónde fundar su ciudad: empezó pensando en el Mediterráneo, en 2024 exploró Groenlandia y en 2025 anunció un proyecto en tierras federales de una base de la Fuerza Espacial en California. Ahora, Dryden Brown, su fundador, dijo que la gobernanza independiente "no es un requisito inmediato" y que Praxis operará dentro del sistema legal existente de Uruguay. No pide, por ahora, un gobierno propio ni una zona con reglas especiales.

El contraste de Próspera

Ese anuncio se lee distinto al lado de otro caso de la región. Próspera se instaló en la isla de Roatán, en Honduras, bajo el régimen de las ZEDE, una ley de 2013 que permitía crear zonas con reglas económicas, administrativas y hasta judiciales propias. En abril de 2022, el Congreso hondureño derogó esa ley por unanimidad, y en septiembre de 2024 la Corte Suprema la declaró inconstitucional, con efecto retroactivo.

Próspera sostiene otra cosa: que conserva derechos adquiridos y una garantía de estabilidad jurídica de 50 años, protegida por contratos con el Estado y por tratados de inversión. Con ese argumento reclama ante el CIADI —el tribunal de arbitraje de inversiones del Banco Mundial— más de US$10.000 millones, en un proceso que en 2026 pasó a la discusión de fondo. A mediados de septiembre de 2026 todavía nombraba a un "fiscal civil" para aplicar sus normas. La disputa sigue abierta, y no le corresponde a esta nota resolverla.

Más allá de cómo termine esa disputa, el caso muestra cuánto depende un régimen excepcional del país que lo concede. Una ley especial votada por un Congreso puede ser derogada por otro, y una ciudad construida sobre esa ley queda expuesta a una controversia sobre su propio marco, en un territorio que no controla.

La estabilidad como parte del terreno

Praxis no dijo que eligiera Uruguay por lo que ocurrió en Honduras, y no hay evidencia de esa relación. Pero el contraste entre los dos casos permite formular una hipótesis: para proyectos de este tipo, una jurisdicción estable puede ser tan valiosa como una jurisdicción excepcional. Entre las razones que Praxis dio para elegir Uruguay aparecen justamente la estabilidad política y económica y la solidez de sus instituciones democráticas. En esa lógica, lo que se compra en Colonia no es solo suelo con vista al río. Es también suelo bajo reglas que cambian poco.

Uruguay viene ofreciendo ese atributo desde hace tiempo, y no solo a comunidades tecnológicas. Desde 2020, la Ley 19.904 permite que quien se convierte en residente fiscal uruguayo quede exonerado durante once años del impuesto sobre determinados rendimientos de capital mobiliario del exterior, como intereses y dividendos. El régimen fue especialmente atractivo para argentinos: una regla fija, conocida de antemano, del otro lado de un río que muchos cruzan en poco más de una hora.

Ahí aparece la dimensión territorial del anuncio. +Colonia tiene atributos propios —el río, la escala, una ciudad histórica al lado—, pero no se entiende sin Buenos Aires. Su argumento de venta combina la cercanía con Buenos Aires y una jurisdicción distinta. Una parte del valor de ese suelo parece depender de la relación entre las dos orillas: de que Buenos Aires quede cerca, y de que las reglas bajo las que se vive de este lado sean otras.

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Esa relación entre orillas es tan vieja como Colonia. En enero de 1680, una expedición portuguesa fundó una plaza fuerte justo enfrente de Buenos Aires. Respondía a varios objetivos a la vez: extender hacia el sur el dominio portugués, ganar una posición sobre el estuario que daba acceso a los ríos Paraná y Uruguay y a las rutas de la plata del Potosí, y abrir un puerto para un comercio que las reglas españolas prohibían del lado porteño. Durante casi un siglo, hasta 1777, fue el principal foco de disputa entre las dos coronas en la región, y buena parte de su vida económica se apoyó en la diferencia entre dos jurisdicciones separadas por unos pocos kilómetros de agua.

Casi 350 años después, el mismo borde vuelve a ofrecer algo que se define en relación con la otra orilla, aunque de otro modo: ya no una ruta para esquivar reglas, sino la posibilidad de vivir bajo reglas más previsibles. La hipótesis es que la estabilidad institucional empieza a funcionar como una capa invisible de infraestructura territorial: no se ve en el paisaje, pero condiciona qué capital llega, quién se instala y cuánto está dispuesto a pagar por hacerlo.

Si esa hipótesis es correcta, la consecuencia va más allá de Colonia. Solemos explicar el valor del suelo por lo que tiene cerca: un puerto, una ruta, una costa. Si la previsibilidad institucional también entra en su formación, entonces una frontera jurídica puede producir valor territorial, del mismo modo que lo hace una obra. En el Río de la Plata, esa frontera está a un ferry de distancia.

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