Nota por FORO
El 6 de agosto de 2026, San Juan y Vicuña —la sociedad de BHP y Lundin que desarrolla Josemaría y Filo del Sol, el mayor proyecto minero de la historia argentina— firmaron un acuerdo por el que la provincia recibe US$250 millones para obras de rutas, agua y saneamiento antes de que arranque la construcción, prevista para 2027, y años antes de la primera producción de cobre, estimada para 2030. El acuerdo, ratificado por la Legislatura provincial, también fija un aporte permanente del 1,5% de la facturación bruta a un fideicomiso de infraestructura y cierra una controversia administrativa abierta desde 2022. El cambio de fondo está en el momento en que la minería paga: el beneficio fiscal deja de llegar con las regalías, años después de que la mina opera, y se adelanta como obra concreta y como condición de entrada.
Hasta ahora, la secuencia de una gran mina era conocida y lenta. La empresa se comprometía, construía durante años, empezaba a producir y recién entonces la provincia empezaba a cobrar regalías. Las obras que ese proyecto exigía —una ruta capaz de soportar camiones de gran porte, una línea eléctrica de alta tensión, agua, viviendas para la gente que llega— quedaban del lado del Estado provincial, que las financiaba con recursos que todavía no tenía y sobre la promesa de una producción que podía demorarse o achicarse. La provincia ponía la infraestructura por adelantado y asumía el riesgo de que el yacimiento rindiera menos de lo anunciado.
El acuerdo que San Juan y Vicuña firmaron el 6 de agosto invierte ese orden. Vicuña —la sociedad entre las mineras BHP y Lundin que desarrolla los depósitos de Josemaría y Filo del Sol, en la cordillera, por encima de los 4.000 metros— le adelanta a la provincia US$250 millones para obras de rutas, agua y saneamiento, con el desembolso completo antes de fin de 2026. La construcción de la mina está prevista para 2027 y la primera producción de cobre, para 2030. La provincia recibe la plata de la infraestructura entre tres y cuatro años antes de que salga el primer gramo de metal. El acuerdo suma, además, un aporte permanente del 1,5% de la facturación bruta del proyecto a un fideicomiso de infraestructura administrado por el Estado provincial, y de paso cierra una controversia administrativa que se arrastraba desde 2022 por obligaciones ligadas a la declaración de impacto ambiental. "Firmamos la certeza de que el crecimiento minero se traduce en obras concretas", resumió el gobernador Marcelo Orrego.
Para una provincia, la lógica de aceptar esto es directa. San Juan no tiene acceso a crédito barato ni margen fiscal para prefinanciar las obras que un proyecto de esta escala necesita para arrancar, y hay un valor político evidente en mostrar rutas y redes de agua en ejecución ahora, no en la próxima década. Para la minera, tener la infraestructura provincial lista a tiempo es una condición operativa, y pagar por adelantado le compra también licencia social en el territorio donde va a operar treinta años. Las dos partes ganan algo real. Lo que cambia es cuándo se decide, y sobre qué certezas.
Conviene detenerse en una de esas obras. San Juan es una provincia árida: el agua es el recurso que ordena qué se puede hacer y dónde. Un proyecto de cobre de esta magnitud necesita agua en volumen sostenido, a gran altura, en cuencas que ya tienen demanda agrícola aguas abajo. Que parte de los US$250 millones vaya a infraestructura hídrica significa que la provincia va a construir —con fondos de la mina— el sistema que le permite a la mina operar y, en el mismo movimiento, redefine cómo se reparte el agua entre todos los demás usuarios. La obra financiada resuelve un problema del proyecto y reescribe una restricción que era de toda la provincia.
El mecanismo tiene antecedentes que ayudan a leer hacia dónde puede ir. Perú lo institucionalizó en 2009 con el régimen de Obras por Impuestos: una empresa privada financia y ejecuta una obra pública que el gobierno regional o municipal prioriza, y descuenta esa inversión del impuesto a las ganancias que debía pagar. En diecisiete años, el esquema acumuló más de 16.900 millones de soles en obras ejecutadas, y el sector minero aportó alrededor de una cuarta parte de ese total. La obra pública dejó de depender del ritmo del presupuesto estatal y pasó a moverse al ritmo —y según las prioridades— de quien la financia. Chile, en la región de Antofagasta, negocia desde hace años convenios por los que las mineras costean obras urbanas y viales en las comunas que rodean sus operaciones. Y Australia Occidental tiene la versión más antigua y más profunda: los State Agreements, contratos aprobados por ley en los que una empresa se compromete a construir ferrocarriles, puertos y hasta pueblos enteros como condición para explotar un yacimiento de hierro. Algunos llevan más de medio siglo vigentes y dejaron a esos estados con una infraestructura diseñada, desde el origen, con la forma de un proyecto privado.
Ese es el punto que el acuerdo sanjuanino deja planteado. Adelantar el dividendo minero convierte un ingreso futuro, difuso e incierto en activos concretos y presentes: rutas, cañerías, plantas. Es una mejora real frente al esquema de esperar las regalías. Pero también ata el plan territorial de la provincia al cronograma y al riesgo de una sola empresa. San Juan va a construir caminos y sistemas de agua dimensionados y ubicados en función de las fases de Josemaría. Si Vicuña atrasa una fase, la redimensiona o el precio del cobre gira en contra, la provincia ya habrá reorganizado parte de su territorio alrededor de esa apuesta. El dividendo llega antes; la exposición, también.
Visto así, la novedad no está en que un privado financie obra pública —eso ya ocurre en la región desde hace más de una década— sino en el momento del cronograma en que eso se define. La infraestructura de una provincia entera empieza a decidirse en la mesa donde se negocia una mina, con los tiempos de la mina, y no en el ciclo de planificación del Estado que la va a administrar durante las próximas décadas.
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