Nota por PULSE

El RIGI le promete a una inversión grande algo que el Estado argentino no le puede garantizar con una ley común: que las reglas de hoy van a seguir siendo las reglas dentro de treinta años. Hasta ahora, el actor que más pidió esa garantía no es una petrolera extranjera. Es YPF, la empresa controlada por el propio Estado.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones se aprobó en 2024 y funciona así: si invertís más de US$200 millones en la Argentina, podés blindar tu proyecto durante treinta años. Blindar significa que, pase lo que pase con la economía o cambie el gobierno, tus impuestos, el tipo de cambio y las reglas que te aplican no se tocan. La ley no lo escribió solo para capital extranjero: habla de grandes inversiones en general, argentinas o de afuera. Pero el argumento con el que se presentó en público fue otro: la Argentina cambia demasiado las reglas, y este régimen es la forma de convencer a un inversor de afuera de que esta vez va a ser distinto.

Dos años después, los números cuentan otra historia. A septiembre de 2026 hay 23 proyectos aprobados por el RIGI, por US$49.766 millones. Son proyectos que ya completaron el trámite. En agosto, YPF presentó uno nuevo: Argentina LNG, un proyecto de gas natural licuado en Vaca Muerta, junto con la italiana Eni y la emiratí XRG. Todavía no está aprobado, pero pide US$51.000 millones: más que los 23 proyectos aprobados, sumados. El 8 de septiembre trascendió que YPF prepara otros dos proyectos por US$154.100 millones adicionales. Son cifras presentadas, no plata ya invertida: que un proyecto esté aprobado, o incluso presentado, no significa que la inversión ya se hizo. Pero aun con esa salvedad, el tamaño habla: entre lo que YPF ya presentó y lo que prepara, la empresa está pidiendo más que todo el resto del RIGI junto.

Eni y XRG sí son capital extranjero: en ese sentido, el RIGI está cumpliendo lo que promete. Pero el proyecto lo arma y lo lidera YPF, una empresa cuyo control mayoritario tiene el Estado nacional desde 2012. Ahí aparece la paradoja real: la misma mano que escribe las reglas ordinarias de la Argentina es la que más necesita protegerse de esas reglas con un régimen extraordinario. No hace falta adivinar por qué YPF eligió el RIGI en lugar del régimen común para ver el problema. Alcanza con notar que lo eligió: una empresa controlada por el Estado decidió que su proyecto más grande necesitaba treinta años de estabilidad garantizada por contrato, la misma garantía que el Estado no le puede dar al resto de la economía con sus leyes de siempre.

Esa es la pregunta que deja abierta el caso YPF. No si el RIGI funciona para atraer proyectos grandes —eso, al menos en el papel, parece estar pasando—. Sino qué dice de la Argentina ordinaria que hasta el Estado necesite un régimen de excepción para confiar en sus propias reglas. Si una inversión de esta escala solo es viable blindada durante treinta años, la pregunta deja de ser sobre el capital extranjero. Pasa a ser sobre todo lo que queda afuera de ese blindaje: la economía, las empresas y los proyectos que tienen que funcionar con las reglas comunes, las que sí cambian.

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