Nota por ATLAS
El proyecto de cobre Vicuña —hasta USD 18.000 millones entre BHP y Lundin Mining en San Juan— no se destrabó por el precio del cobre ni por la ley de incentivos: se destrabó el 29 de julio, cuando el ente regulador eléctrico le garantizó acceso prioritario al 90% de una nueva línea de 500 kV de 167 kilómetros, rechazando las objeciones formales de Barrick, ACMSA, Golden Mining y Casposo Argentina. Chile y Perú muestran el mismo cuello de botella a escala nacional: la red, no el yacimiento, decide hoy quién mina primero en los Andes.
Un camión sube una huella de montaña a 3.500 metros de altura, con postes de alta tensión todavía sin cable a los costados. Es la imagen que va a definir, más que cualquier informe geológico, si la Argentina tiene o no el proyecto minero más grande de su historia: 167 kilómetros de línea de 500 kV entre las estaciones de Rodeo y Chaparro, atravesando cordillera, más otra línea dedicada de 220 kV y 93 kilómetros que sube hasta los 4.550 metros para alimentar directamente el yacimiento.
El trámite empezó en 2023. Tuvo una autorización provisoria en febrero de 2026, una audiencia pública el 3 de junio, y recién el 29 de julio una resolución final —la 330/2026— del ente regulador eléctrico. Tres años para decidir algo que no fue geología ni precio de mercado: fue a quién le toca primero una capacidad de red que no alcanza para todos los que la piden.
Y no la pedía solamente Vicuña. En la misma audiencia, otras cuatro compañías mineras que operan o proyectan operar en San Juan —Barrick, ACMSA (a cargo del yacimiento Los Azules), Golden Mining y Casposo Argentina— presentaron objeciones formales. ACMSA cuestionó directamente la metodología con la que CAMMESA, el organismo que administra el mercado eléctrico mayorista, calculó cuánta capacidad tenía disponible la futura línea. El regulador rechazó todas las impugnaciones y le confirmó a Vicuña el 90% de la capacidad incremental que va a generar la nueva línea. El otro 10%, en teoría, queda para repartir entre el resto.
Lo que este episodio deja a la vista es que el verdadero activo escaso de la minería andina dejó de ser el mineral bajo tierra. El cobre está ahí, mapeado, con leyes de concentración conocidas desde hace años; lo que no está garantizado es el cable que lo saca de la montaña. Y cuando ese cable es limitado, alguien tiene que decidir quién lo usa primero — no el mercado, sino una resolución administrativa después de una audiencia pública. La regla que reparte megavatios entre mineras que compiten por el mismo tramo de red se volvió, de hecho, tan determinante para el destino de una inversión de USD 18.000 millones como el precio del cobre en Londres.
El caso de San Juan no es una rareza local: es la versión más nítida, hasta ahora, de un problema que ya se discute abiertamente en Chile y Perú. En Chile, el sector minero viene advirtiendo que el desafío ya no es generar energía renovable sino transportarla con la capacidad suficiente para atender minas existentes, ampliaciones y proyectos nuevos al mismo tiempo — y que cuando la transmisión se retrasa o se congestiona, el freno se traslada a toda la cadena de inversión. Perú, por su parte, impulsa 32 proyectos de transmisión eléctrica por unos USD 2.100 millones distribuidos en veinte regiones, explícitamente pensados para destrabar una cartera minera que hoy suma, junto a la de Chile, más de USD 168.000 millones. En los tres países, la pregunta que termina definiendo qué proyecto avanza y cuál espera ya no es geológica. Es de red.
Para la Argentina, que necesita que Vicuña se construya para sostener el argumento de que el país puede volver a atraer inversión minera de escala mundial, la resolución del 29 de julio es una buena noticia puntual. Pero también deja una pregunta abierta para los próximos proyectos que hagan fila detrás: ¿cuánta capacidad de red le queda al país para la segunda, la tercera y la cuarta mina que quieran construirse en la misma cordillera?
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