Nota por ATLAS
Argentina discute en paralelo dos reformas que rara vez se leen juntas: una Ley de Tierras que elimina el límite de 15% de propiedad extranjera, deroga el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo y habilita la compra de campos con cuerpos de agua permanentes, y un "Súper RIGI" que ofrece 30 años de estabilidad normativa, fiscal y cambiaria a quien instale infraestructura tecnológica estratégica. Las dos reformas comparten un mismo destinatario: los mega data centers que la carrera global de inteligencia artificial necesita instalar en algún territorio con tierra, energía y agua disponibles. El caso ancla ya existe — la carta de intención entre Sur Energy y OpenAI, de noviembre de 2025, para un centro de cómputo de nueva generación en Patagonia. La tesis de LOTE: antes de que se instale un solo servidor, la infraestructura de la IA ya empezó a decidirse en el Congreso, en el capítulo dedicado a quién puede ser dueño de la tierra.
Cuando se habla de la carrera global por la infraestructura de inteligencia artificial, casi toda la conversación pública gira en torno a tres recursos: chips, energía y agua para refrigeración. Son los que aparecen en los titulares — cuántos gigawatts necesita un campus de cómputo, cuántos litros consume por cada kilowatt-hora, cuántos semiconductores puede fabricar Taiwán. Son recursos reales y escasos, y merecen la atención que reciben. Pero hay un cuarto recurso que rara vez entra en esa lista, aunque sea el primero que cualquier proyecto necesita resolver antes que los otros tres: la tierra sobre la que todo eso se construye, y el marco legal que decide quién puede comprarla, cuánta puede acumular y qué derechos —incluidos los del agua que corre por ella— vienen incluidos en esa compra.
Argentina, sin plantearlo así explícitamente, está resolviendo esa pregunta en este momento. No en una única ley con el rótulo "infraestructura de IA", sino en dos reformas que el debate público trata como asuntos separados: una que reescribe quién puede ser dueño de la tierra rural, y otra que reescribe qué garantías recibe quien invierte en infraestructura estratégica. Leídas por separado, son dos temas distintos —uno de soberanía territorial, otro de política de inversión—. Leídas juntas, son la misma respuesta a la misma pregunta: qué tiene que ser cierto, legalmente, para que un actor global con capital para construir un centro de cómputo de escala gigawatt elija instalarlo acá.
La primera vuelta es la reforma a la Ley de Tierras Rurales, la norma que desde 2011 pone límites a cuánta tierra argentina puede terminar en manos extranjeras. El proyecto que hoy se discute no ajusta esos límites: los elimina. Baja el tope nacional de propiedad extranjera del 15% actual a un régimen sin ese piso, deroga el límite de 1.000 hectáreas por titular en zona núcleo, saca del medio el requisito de certificación ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, y —el cambio con más consecuencias silenciosas— habilita la compra de propiedades que incluyen cuerpos de agua permanentes: ríos, arroyos, lagos, lagunas. Hasta ahora, esa restricción hídrica operaba como un límite de facto sobre cuánta infraestructura de uso intensivo de agua podía instalarse en manos de un solo propietario extranjero. Sacarla del medio no es un ajuste técnico: es remover, específicamente, la variable que más le importa a un data center de escala hiperescalar, que necesita agua en volumen constante para refrigeración además de electricidad.
La segunda vuelta es el "Súper RIGI", la versión ampliada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado en 2024, presentada por el Gobierno directamente para atraer proyectos de infraestructura tecnológica y estratégica que hoy no existen en el país. La oferta es específica: 30 años de estabilidad normativa, fiscal y cambiaria, y lo que el propio proyecto denomina "disponibilidad plena de activos e inversiones" — una garantía de que las reglas del juego no van a cambiar durante tres décadas, exactamente el horizonte de amortización que necesita alguien que va a invertir miles de millones de dólares en un campus de cómputo. El RIGI original ya había mostrado apetito de esa naturaleza en minería y energía. El Súper RIGI extiende esa misma lógica de estabilidad prolongada a un sector que Argentina hoy directamente no tiene: mega infraestructura de datos.
Ninguna de las dos reformas menciona explícitamente "inteligencia artificial" en su fundamentación central. No hace falta. La combinación de las dos —tierra sin límite de propiedad extranjera ni restricción de agua, más treinta años de estabilidad garantizada— es, en la práctica, el checklist regulatorio que cualquier hyperscaler global revisa antes de elegir un sitio. Y Argentina ya tiene, además, el caso concreto que muestra que ese checklist no es hipotético: en noviembre de 2025, la empresa argentina Sur Energy firmó una carta de intención con OpenAI para explorar la instalación de un centro de cómputo de nueva generación en Patagonia. Una carta de intención no es una obra —es, como tantas veces recuerda LOTE, apenas el primer paso—, pero es la señal de que el interés global ya identificó el territorio antes de que el marco legal terminara de escribirse.
Este patrón —la reorganización del territorio empieza antes de que exista la obra física— no es una particularidad argentina. Es, cada vez más, la forma en que se despliega la infraestructura de cómputo a escala global, y la evidencia reciente en la propia región lo confirma. Un relevamiento de organizaciones ambientales y de derechos humanos documentó, durante 2026, conflictos socioambientales vinculados a data centers en Chile, Brasil y México: zonas que hasta hace pocos años eran rurales o corredores de producción de alimentos cercanos a las ciudades empezaron a convertirse en sitios de "producción de capacidad computacional", generando tensión por uso de agua, energía y por la ausencia de consulta pública previa a la instalación de la infraestructura de fibra y refrigeración. La Agencia Internacional de Energía proyecta que, hacia 2030, los data centers del mundo van a consumir cerca de 945 teravatios-hora de electricidad al año — más que el consumo actual de todo Japón. Ese apetito energético y de agua no aparece de la nada: aparece porque, antes, alguien resolvió dónde ese apetito tiene permiso legal para instalarse.
El caso más elocuente de ese "antes" es humano, no estadístico: en México, un productor rural de 86 años, que sigue trabajando su campo todos los días, rechazó una oferta de 15 millones de dólares por su tierra para que se instalara ahí un centro de inteligencia artificial. La cifra por sí sola dice cuánto vale hoy, para el capital que financia esta carrera, un terreno que hasta hace poco se tasaba únicamente por su rendimiento agrícola. La negativa del productor —una decisión personal, no una política pública— es la otra cara de exactamente el mismo fenómeno que las reformas argentinas están resolviendo por ley: quién decide, en última instancia, qué pasa con la tierra cuando el precio que ofrece la infraestructura de IA supera cualquier otro uso posible de ese suelo.
Durante los últimos dos años, la conversación sobre la carrera geopolítica por la inteligencia artificial estuvo dominada por una lista relativamente corta de variables: quién tiene los mejores modelos, quién controla la fabricación de semiconductores, quién tiene energía barata y abundante para alimentar los centros de cómputo. Argentina, con su matriz energética diversificada y sus recursos de litio y gas, viene posicionándose activamente en esa conversación. Pero esa lista, tal como se discute hoy, salta un escalón: antes de la energía, antes incluso del chip, está la pregunta de quién puede legalmente comprar, acumular y controlar el territorio —incluida el agua que corre por él— donde toda esa infraestructura se para. Un país puede tener gas barato y capacidad de red eléctrica, y aun así no captar la inversión si su marco de propiedad de la tierra no le da al capital global la certeza que busca antes de comprometer miles de millones de dólares a treinta años.
Eso es lo que la Ley de Tierras y el Súper RIGI están resolviendo, en simultáneo y sin necesariamente coordinarse entre sí: la infraestructura legal que le permite a un país participar de esta carrera. Es una decisión con consecuencias que exceden largamente a la inteligencia artificial —afecta soberanía alimentaria, control de cuencas hídricas, la relación histórica entre el Estado argentino y la extranjerización de la tierra—, y ese es exactamente el motivo por el que merece leerse como una sola pieza, y no como dos debates paralelos que compiten por la atención pública en semanas distintas. La carrera global por el cómputo no se va a definir primero en un data center. Se está definiendo, ahora mismo, en la letra chica de quién puede ser dueño de la tierra que ese data center todavía no ocupa.
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