Nota por PULSE
Dos números que no deberían convivir están conviviendo en la construcción argentina.
El primero: el costo de construir subió siete meses seguidos y ya acumula 12,8% en lo que va de 2026, según el Índice del Costo de la Construcción del INDEC. El segundo: desde noviembre de 2023, la construcción es la rama de toda la economía que más empleo formal destruyó —81.295 puestos, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo—, por delante de la industria manufacturera y del transporte.
La lectura fácil junta ambos números y los explica con la misma frase: "construir salió más caro, entonces se construyó menos, entonces se despidió". No es falsa. Pero es incompleta, y esconde la pregunta más interesante: ¿por qué el mercado no está corrigiendo esa suba de costos con una suba de precios de venta que devuelva la rentabilidad y frene la sangría de empleo?
La respuesta corta es que no puede. El precio de venta de un metro cuadrado no lo fija el costo de construirlo: lo fija cuánto puede pagar quien compra. Y esa capacidad de pago viene de otro lado —del crédito, del ingreso disponible, del tipo de cambio— y no se mueve al ritmo que necesitaría el costo de construcción para cerrar la cuenta. Cuando eso pasa, la industria no tiene la salida de "subir el precio y listo".
Ahí aparece la idea que explica todo lo demás: cuando una industria no puede corregir un problema por precio, empieza a corregir por estructura.
La estructura de un negocio se toca, básicamente, por tres lados. Por cuánto produce con los mismos recursos —su productividad—. Por bajo qué reglas compite —la regulación que lo rodea—. Y por de dónde saca la plata para operar y para que su cliente pueda comprarle —su financiamiento—. Cuando el precio deja de alcanzar, el ajuste no desaparece: se reparte entre estos tres lugares. Y eso, exactamente, es lo que ya está pasando en la construcción argentina, en simultáneo y sin que ninguna de las tres vías esté resuelta todavía.
La primera vía es el financiamiento. El sector viene reclamando desde hace meses que el Gobierno destrabe crédito hipotecario, y en las últimas semanas circuló la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad —el fondo de las jubilaciones administrado por ANSES— entre a jugar ahí, aunque todavía no hay una decisión formal. En paralelo, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) propuso algo más específico: que los excedentes del Fondo de Asistencia al Trabajador se inviertan en instrumentos hipotecarios emitidos por bancos. La lógica es la misma en los dos casos: si el comprador no puede pagar más porque no consigue crédito, la corrección no pasa por el precio del ladrillo, pasa por inventarle una fuente de financiamiento nueva al comprador.
La segunda vía es la regulación. El Gobierno acaba de prorrogar por un año el plazo de adhesión al RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, que da beneficios impositivos y estabilidad legal a proyectos de gran escala—, con el argumento oficial de dar más tiempo a proyectos "que por su naturaleza requieren plazos de maduración más extensos". El texto de la prórroga nombra explícitamente a los hidrocarburos y a la tecnología. No nombra a la construcción, pese a que CAMARCO viene reclamando entrar hace tiempo, con el argumento de que es una industria intensiva en mano de obra y que un incentivo ahí tendría un efecto directo sobre el empleo que se está perdiendo. La construcción, por ahora, sigue mirando desde afuera un régimen pensado para otros sectores.
La tercera vía es la productividad, y ese mismo fenómeno —una industria que ya no puede resolver su ecuación por precio y empieza a probar por estructura— ya generó una respuesta concreta en otras partes del mundo: la robótica de obra empezó a recibir capital de riesgo en serio. Xpanner, una startup enfocada en robótica para sitios de construcción, cerró en mayo una ronda Serie B de USD 18 millones. La apuesta ahí no es bajar el precio de venta ni conseguirle crédito al comprador: es bajar el costo de producir el metro cuadrado sacando mano de obra de la ecuación. Es, literalmente, la otra cara de la moneda del dato de empleo perdido —y una vía que compite, no coopera, con la primera, porque financiamiento sin empleo y automatización sin empleo tironean del mismo hilo en direcciones distintas.
Financiamiento, regulación, productividad: tres lugares distintos donde se puede mover el mismo ajuste, y los tres ya en movimiento sobre la construcción argentina al mismo tiempo. Ninguno resuelto. El financiamiento depende de una decisión política que no se tomó. El RIGI sigue sin construcción adentro. La robótica de obra recién arranca y todavía no cambia la escala de una industria que en Argentina sigue siendo, en su enorme mayoría, artesanal.
Pero el patrón importa más que el desenlace de cada vía. Cuando una industria no puede corregir por precio, no se queda quieta: prueba varios caminos a la vez hasta que alguno funciona, o hasta que el propio mercado se achica lo suficiente como para que el problema, de puro chico, deje de importar. Esa segunda opción es la que peor le convendría a la Argentina: un sector que en vez de resolver su descalce de costos, simplemente se reduce hasta que el descalce ya no tenga a quién afectar.
Durante décadas, la construcción discutió cuánto costaba construir. Empieza a discutir otra cosa: cómo cambia una industria cuando ya no puede resolver sus problemas aumentando el precio.
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