El Gobierno presiona al Senado para tratar el Súper RIGI antes del receso invernal, después de la media sanción que Diputados le dio el 25 de junio. La ley resuelve, en tiempo récord, cuánto beneficio fiscal reciben los data centers y otras "industrias del futuro". No resuelve, todavía, dónde se instalan ni bajo qué reglas territoriales.
El Congreso entró esta semana en semana corta antes del receso invernal, y el oficialismo la está usando para una sola cosa: destrabar en el Senado el Súper RIGI, el régimen que Diputados aprobó en media sanción el 25 de junio por 130 votos contra 106. Aunque todavía no figura formalmente en el temario de comisiones, el Gobierno presiona para conseguir una reunión antes de que el Congreso cierre sus puertas por el invierno. La urgencia no es casual: cada semana de demora es una semana menos de previsibilidad para un tipo de inversión —mínimo mil millones de dólares por proyecto— que se decide, precisamente, mirando la estabilidad de reglas fiscales a diez o veinte años.
Lo que el Senado está por votar en tiempo récord es, ante todo, un régimen impositivo. Baja Ganancias del 25% que fija el RIGI original al 15%, habilita depreciación acelerada, permite deducir pérdidas sin límite de tiempo y fija una alícuota del 3,5% sobre dividendos. Todo eso aplica a lo que el Gobierno llama "industrias del futuro": inteligencia artificial, data centers, baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio. Es una arquitectura fiscal completa, diseñada con precisión y negociada línea por línea. Sobre eso no hay ambigüedad. El piso de mil millones de dólares por proyecto, además, no es un detalle menor: filtra de entrada el tipo de capital que puede jugar este juego. No es el desarrollador local ni el fondo regional el que califica para este beneficio; es, casi por diseño, el hyperscaler tecnológico o el fondo de infraestructura de escala global.
La ambigüedad empieza en la pregunta que el proyecto no responde: dónde se instalan estos proyectos y bajo qué marco territorial. Especialistas vienen advirtiendo que los desafíos de infraestructura, energía y conectividad siguen sin resolverse al mismo ritmo que el incentivo fiscal, y que los mega data centers que ya empiezan a proyectarse en la región de Vaca Muerta avanzan sin una regulación específica de supervisión. El Gobierno diseñó, en paralelo, un Plan Nacional de Data Centers que orienta la localización hacia zonas con excedentes de energía solar y eólica. Pero eso es una orientación de política energética, no una regulación territorial en el sentido pleno: no define uso de suelo, no fija criterios de agua, no establece quién arbitra si dos proyectos compiten por la misma traza de energía o el mismo acuífero. Y esa definición, cuando llegue, va a valer no solo para el terreno donde se levante cada data center: un proyecto de mil millones de dólares reordena, alrededor suyo, la demanda de suelo industrial, de vivienda para la mano de obra que atrae y de la infraestructura logística que necesita para funcionar —el mismo efecto de arrastre inmobiliario que ya se vio en otros corredores de infraestructura del país.
Esta nota ya lo señaló hace dos días a propósito de las licitaciones viales: Argentina está tomando, en simultáneo y por vías institucionales separadas, decisiones de altísimo impacto territorial —energía, cómputo, corredores— sin que exista todavía un marco que las conecte entre sí. El Súper RIGI confirma exactamente ese patrón, y lo hace con una velocidad que expone el contraste todavía más. Ahí también hay un giro respecto de esas licitaciones: si en los corredores viales el capital que se presentó a competir fue mayormente local, acá el diseño mismo de la ley —ese piso de mil millones de dólares— apunta a traer al jugador que en la ruta no apareció. El incentivo que decide cuánto gana un proyecto de data center está a un dictamen de comisión y una sesión de convertirse en ley. El marco que debería decidir dónde se para ese proyecto, con qué agua, con qué energía y con qué consecuencias para el territorio que lo rodea, no tiene ni fecha ni proyecto en danza. Se está legislando primero el incentivo. El mapa, si llega, va a llegar después —cuando buena parte de esas inversiones ya hayan elegido, por su cuenta, dónde pararse.
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