Nota por FORO
Esta semana el Gobierno consiguió los votos que le faltaban para que una ley que promete blindar la propiedad privada avance en el Senado. Pero "propiedad privada" no es una sola cosa — y esta ley tampoco. Adentro hay tres reformas distintas. Cada una cambia quién decide sobre la tierra. Y cada una beneficia a un dueño distinto.
El ministro Federico Sturzenegger, que impulsa el proyecto, lo resume como una sola idea: menos Estado metiéndose entre el propietario y su propiedad. Suena simple. No lo es.
La primera reforma decide quién puede quedarse en una propiedad. Hoy, desalojar a alguien en Argentina puede llevar años de juicio. El proyecto lo resuelve en días: un juez puede ordenar la entrega del inmueble en cinco días, y la policía tiene 72 horas para identificar a los ocupantes. Si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, interviene un organismo de protección — pero incluso ahí, el plazo para conseguirles un techo transitorio es de diez días, no más. ¿Quién gana con esto? El dueño: el propietario, el banco que ejecuta una hipoteca, el desarrollador con un lote ocupado que hoy espera años para recuperarlo.
La segunda reforma decide quién puede comprar tierra rural. Desde 2011, una ley pone un límite: los extranjeros no pueden tener más del 15% del campo del país, ni de cada provincia o municipio. El proyecto elimina ese límite. El Estado solo va a mirar de cerca las compras que hagan gobiernos u organismos extranjeros — el resto, libre. ¿Quién gana acá? Ya no el mismo dueño de antes. Ahora es el capital extranjero — fondos de inversión, empresas agroindustriales — que puede comprar sin techo una tierra que Argentina trató, durante más de una década, como un recurso estratégico y sensible.
La tercera reforma es la que menos se cubrió — y es la que más toca a quienes construyen ciudad. Hoy, si un campo se incendia, la ley prohíbe tocarlo: 60 años sin poder cambiarle el uso, 30 años sin poder construir ahí un desarrollo inmobiliario. Esa regla no es un capricho ambiental. Existe porque en Argentina se sospechó, muchas veces, que se prendían incendios a propósito para poder lotear después. Corrientes es el caso que lo explica mejor: los incendios de 2022 quemaron más de 900 mil hectáreas — el 11% de toda la provincia, según el propio Estado. El proyecto de Sturzenegger relaja esa prohibición. ¿Quién gana? Quien tenga — o compre — tierra quemada que hoy no se puede tocar.
Tres reformas, tres respuestas distintas a la misma pregunta: ¿quién decide qué pasa con la tierra? El desalojo exprés le da la razón al que tiene el título de propiedad, no al que ocupa de hecho. El fin del límite a la tierra extranjera le da la razón al capital que quiere comprar, no al Estado que durante años reguló esa compra por razones de soberanía. Y el fin de la restricción post-incendio le da la razón a quien quiere construir sobre tierra quemada, no al incentivo de que nadie se beneficie de un incendio, sea intencional o no.
Esto no significa que el sistema actual de desalojos sea bueno — es lento, y esa lentitud también tiene un costo real. Tampoco significa que un límite a la compra de tierra extranjera sea, por sí solo, la solución correcta. El problema es otro: juntar estas tres reformas bajo una sola frase — "inviolabilidad de la propiedad" — esconde que cada una le da poder de decisión a un actor distinto, y con distinta fuerza de partida. Un inquilino que no puede pagar no tiene el mismo poder que un fondo extranjero comprando campo. Y un desarrollador que hoy tiene que esperar 30 años para construir sobre tierra quemada no enfrenta el mismo incentivo que uno que puede construir apenas se apaga el fuego.
Para quien piensa desarrollar, invertir o litigar sobre territorio argentino en los próximos años, esta ley no es un solo evento. Es un cambio de reglas en tres tableros al mismo tiempo. Vale la pena mirar cada uno por separado, con sus propios ganadores — en vez de aceptar el paquete completo como si fuera una sola idea sobre la libertad de decidir sobre lo propio. Esa es, justamente, la lectura que la ley invita a no hacer.
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